Respecto al nivel de desarrollo y las proyecciones de la Seguridad Privada en los países latinoamericanos, nuestra región participa con un 5 % en el comercio sectorial mundial, lo que no debiera impactarnos demasiado considerando el 48 % de Estados Unidos de Norteamérica o el 33 % de Europa, pero sí que está en una de las zonas de mayor crecimiento y expansión de la actividad, con un 10 a 11 % frente al 6 % de las economías desarrolladas, todo lo anterior en un mercado mundial que mueve oficialmente cifras cercanas a los 100 mil millones de dólares anuales, según estadísticas recientes del Foro Latinoamericano de Seguridad.
Un análisis basado en variables económicas puede llevar a una compañía multinacional a invertir en el mercado latinoamericano de la Seguridad Privada, sin embargo esa decisión requiere complementarse con algunos factores propios de cada país, cuya descripción y análisis somero es el propósito de este artículo.
El problema de la corrupción no será tocado, ya que no es privativo del ambiente en que la Seguridad Privada desarrolla sus actividades, sino que atraviesa, desgraciadamente, en mayor o menor medida en cada país de la región, a la actividad económica nacional en su conjunto. Tampoco nos referiremos a los países centroamericanos, por carecer en general de información sobre su propia problemática de Seguridad Privada, circunstancia que tiende a superarse por el mayor nivel de contacto académico y profesional actualmente en desarrollo.
Formas de Organización Política y Legislación Sectorial
Los países mayores en superficie y población, como Argentina, Brasil, Venezuela y México, tienen una organización federal, con instituciones en general independientes a nivel de los estados y provincias, mientras que los países ribereños del Pacífico mantienen sistemas unitarios, con un gobierno central y autoridades provinciales designadas que reportan directamente al poder central.
Esta diferencia introduce importantes aspectos a considerar respecto a la actividad de la Seguridad Privada. De partida, en países federales, la existencia de legislaciones diferentes entre estados o provincias, e incluso a nivel de municipios u otro tipo de organizaciones comunales, implica ciertas complicaciones en las operaciones de seguridad, donde bajo regímenes legales y autoridades policiales diferentes, conviven clientes, empresas de seguridad y su personal, todo lo cual implica procedimientos y coordinaciones a su vez diferentes en cada caso, a veces con dos calles de separación.
En los países unitarios de la costa del Pacífico, la situación tiende en general a simplificarse al existir una sola legislación nacional, si bien es cierto que en lo referente a las policías sólo países como Colombia y Chile mantienen instituciones policiales con jurisdicción nacional, mientras en los demás aparecen diversos cuerpos policiales.
La Injerencia del Estado en la Actividad Privada
La doctrina legal establece que la Seguridad Privada es una concesión especial del Estado al particular, para que pueda proporcionarse determinados niveles de seguridad, más allá de lo que la Seguridad Pública debe y puede proveerle, en determinados lugares y bajo ciertas condiciones.
Todo lo anterior es inobjetable, pero en la práctica desemboca en diversos niveles de injerencia del Estado y de su órgano controlador, la policía, que van desde una relación fiscalizadora racionalmente establecida y que deja espacio suficiente para el desarrollo de esta industria de servicios, hasta formas bastante limitantes y plenas de normas, muchas veces ni siquiera legales sino que emanadas administrativamente del propio fiscalizador, que no resisten mayor análisis en cuanto a su utilidad respecto al objetivo final perseguido, circunstancia esta última preponderante y bastante generalizada en toda la región.
Lo anterior se puede graficar en prohibiciones de usos de uniformes determinados - el Estado quiere uniformar a las empresas conforme a sus propios criterios - , la policía efectuando la formación y entrenamiento de los guardias o vigiladores, o al menos evaluando directamente los resultados de estos procesos, con la pérdidas de horas / policía correspondientes, entre muchas otras materias. Emblemático es el caso boliviano, donde la policía creó su propia organización para prestar servicios de seguridad privada a los privados, cobrando directamente por ello, por supuesto. Recientes informaciones nos indican que esto tendería a desaparecer, ya que ese monopolio sería entregado a las empresas de seguridad especializadas… pero la policía mantendría, no solamente la fiscalización, sino la supervisión operacional de los servicios.
Tampoco es presentable el caso chileno, donde el sistema de escoltas a vehículos de carga, tan necesario frente al tráfico comercial internacional vía terrestre hacia y desde los puertos del Pacífico, está simplemente prohibido, por ser la vía pública propia de la jurisdicción policial, aun cuando paradojalmente existe una importante industria legalmente autorizada de transporte de valores.
En síntesis, pese a los indiscutibles avances en la materia, la norma legal en muchos de los países latinoamericanos, requiere de urgente modernización y flexibilización.
La Seguridad Ciudadana y la Seguridad Privada
Las crecientes tasas delictuales, comunes en mayor o menor medida a todos los países latinoamericanos, constituyen sin duda uno de los mayores problemas que deben enfrentar los gobiernos de turno, junto al desempleo, la educación y la salud.
El concepto de Seguridad Ciudadana ha pasado a constituir un verdadero caballo de batalla que cruza la agenda política nacional y que se materializa en diversos tipos de programas, donde la participación de la Seguridad Privada es cada vez mayor, lo que plantea una magnífica oportunidad para el desarrollo del sector, pero al mismo tiempo lleva a desviaciones que pueden resultar difíciles de rectificar posteriormente.
Por ejemplo, en Colombia existe una eficiente colaboración conjunta entre la policía y las organizaciones de Seguridad Privada. Claro está que la magnitud de los problemas de Colombia en cuanto a la droga, crimen organizado y terrorismo no tendrían solución positiva, de no mediar una política de Estado que propenda y favorezca este tipo de alianzas y prácticas integracionistas de las organizaciones de seguridad públicas y privadas.
Sin embargo, en otros países esto se ha prestado para que las políticas gubernamentales y, consecuentemente, las policiales, tiendan a considerar a las empresas de Seguridad Privada como una verdadera continuación de la Seguridad Pública, en su rol preventivo frente a la actividad delictual. Lo anterior es muy válido por cierto, toda vez que existe una mayor proporción de guardias o vigiladores privados que policías y que, por lo tanto, la capacidad preventiva de estos últimos se ve reforzada convenientemente en la medida que existan esfuerzos conjuntos coordinados. Sin embargo, a nuestro juicio, se está incurriendo en situaciones a la larga negativas para el sector, de no mediar rectificaciones legales y administrativas oportunas, entre las que podemos mencionar:
- La mayor exposición del personal de seguridad privado a la comisión de delitos derivados de su interacción con los delincuentes, siendo que este personal en Latinoamérica no tiene mayor diferencia ante la ley que cualquier ciudadano común. No se ha legislado respecto a un estatus especial del trabajador de la Seguridad Privada.
- Se tiende a olvidar que es finalmente el cliente quien contrata el servicio de Seguridad Privada y quien paga la factura; por lo tanto, estamos subsidiando una responsabilidad funcional del Estado.
- Se está presentando una tendencia a focalizar al delincuente como el único objetivo de la Seguridad Privada, dejando de lado otros aspectos preventivos que son tanto o más importantes que éste. Pensemos en la reciente desgracia en la discoteca argentina, donde nos parece que la Seguridad Privada estaba más preocupada de los colados o escapados sin pagar, antes de la seguridad de las vidas humanas.
El Comercio Ilegal de los Servicios de Seguridad
Es éste uno de los mayores problemas que afectan al empresario latinoamericano, y son múltiples las causas que contribuyen a su existencia, pudiendo mencionar las siguientes:
- La corrupción oficial donde existe, materializada en empresas y servicios entregados por agentes del Estado, quienes por lo general no podrían entregarlos por la vía regular dadas las limitaciones reglamentariamente existentes.
- El control policial debe mostrar resultados ante el nivel político. Resulta entonces mucho más fácil fiscalizar a las empresas regularizadas, antes que volcar los esfuerzos en la detección y sanción de los que operan fuera del sistema. Se da entonces la paradoja de que los empresarios que cumplen con la ley, resultan más fiscalizados y, eventualmente, más sancionados que los irregulares.
- La ausencia de una adecuada legislación laboral es la panacea para los servicios ilegales, pero también lo es una legislación laboral demasiado rígida y que incremente los costos contractuales para con el trabajador.
- La organización gremial y sindical puede ser un importante disuasivo para estas prácticas, en la medida que se concrete la alianza entre los empresarios, y entre el empresario con el trabajador. Esto último orientado a la denuncia por parte de los trabajadores, ya que no se trata de sindicalizar exageradamente una actividad comercial cuyos márgenes de utilidad dejan muy poco espacio de maniobra para las reivindicaciones salariales. Se aprecia que en este campo los ejemplos de Argentina, Brasil y Colombia han tenido muy buenos resultados.
- La actitud del empresario cliente quien, en el objetivo de bajar sus propios costos, opta en ocasiones por el mercado informal. O bien, y esto es ya otro problema, elige lo formal al más bajo costo, con lo que resta la posibilidad de que el sistema entregue servicios más profesionales y de mejor calidad. Falta, por lo tanto, en la legislación, una norma más estricta esta vez más dirigida al comprador de los servicios de seguridad, como es el caso español.
Conclusiones
Invertir en Seguridad Privada en Latinoamérica es sin duda una opción económicamente válida y conveniente, en un mercado en creciente expansión. Sin embargo, la evaluación de estos proyectos debe considerar, además de las variables referidas al riesgo político, económico y social, aquellas otras variables propias de la realidad del sistema de Seguridad Privada de cada país como, entre otras, las señaladas en este artículo.
Julio Alarcón Saavedra
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