¿Una superintendencia o una división ministerial? Ese sería el punto.
También se reiteró el espíritu que anima a los legisladores: se trata de que la seguridad privada coadyuve, apoye y se coordine con la Seguridad Pública, como ocurre en la mayoría de los países desarrollados. Y con la nueva orgánica, disposiciones y controles que traería la tan anhelada norma legal que refundirá una enorme diversidad de leyes y decretos emitidos y vigentes a este respecto, se cumplirá con ese loable propósito llevando al terreno de la profesionalización a las sobre mil empresas vinculadas y a los más de 150 mil trabajadores del sistema.
En mi modesta opinión, se trata de una solución parcial, estrecha y que no recoge la realidad del mercado de la seguridad privada en nuestro país. Será más de lo mismo, pero con otros esquemas de control. Y estarán ausentes las reales necesidades si se desea profesionalizar este no despreciable sector económico y social – 1.000 millones de dólares anuales de facturación -, por el desconocimiento profundo del problema y la falta de voluntad política ante la compleja y no ajena a los inevitables costos políticos asociados que importaría una solución más completa y cabal.
Cuando nos referimos a profesionalización, no es que no existan profesionales, los hay y de sobra, a algunos les va bien, a otros mejor y a otros tan mal que el mercado y el control los harán desaparecer. La realidad es que deseamos que la profesionalización llegue a quienes son los terminales operativos reales del sistema: al vigilante privado, al guardia de seguridad, en suma al trabajador de la seguridad privada.
¿Se podría concebir que un guardia robe al cliente y pueda llegar a producir tal daño que lleve al quiebre eventual de su empresa de seguridad, y que nadie sepa ni registre esa situación, excepto naturalmente los perjudicados? Bueno, eso es lo que ocurre: ante la situación descrita: el entramado, ¿entrampado?, laboral hará mil veces preferible al empleador, profesional de la seguridad, que finiquite por mutuo acuerdo al deshonesto trabajador, le pague algo o mucho y que, por ningún motivo, se le vaya a ocurrir despedirlo, porque los tribunales laborales harán imposible obtener la justicia que se espera y el costo será enorme. Ese trabajador deshonesto, satisfecho con lo robado, y con lo ganado en la pasada, estará el lunes siguiente siendo contratado por otra empresa del rubro y el ciclo se repetirá. Parece increíble, pero es así.
Alguien podría argüir que la situación descrita ocurrirá una sola vez, por culpa de la ley laboral, pero que Carabineros de Chile, autoridad fiscalizadora en la materia, llevará un catastro con las denuncias responsables de los empresarios y no dejará que ese trabajador reingrese al sistema, total ellos emiten las credenciales de autorización para trabajar como vigilante o guardia de seguridad. Error otra vez.
No existe tal catastro, no podría existir, lo prohiben disposiciones constitucionales, ustedes saben, no se puede discriminar a un trabajador por sus antecedentes comerciales, menos por bases de datos confeccionadas en base a informes de desempeño emitidos por la parte empresarial, o incluso por Carabineros de Chile.
Así es que, echémosle para adelante con la nueva ley. Mientras no exista un diálogo serio que parta de la base que los trabajadores a los cuales se les contrata para servir responsable y honestamente en el objetivo de proporcionar prevención a terceros contra diversos riesgos, y al mismo tiempo para coadyuvar y apoyar a la policía, deben ser trabajadores sujetos a un marco legal – laboral y funcionario – diferente, no hay nada que hacer.
¿Lo hacemos bien ahora o jugamos una vez más a los espejismos legales?
Julio Alarcón S., Cientista Político, Asesor de Seguridad
18 de octubre de 2010
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